Edición 1168-V • Segunda Semana de Agosto 2026 •
La cobertura periodística en Morelos atraviesa uno de sus momentos más tirantes en años recientes. Lo que inició como una serie de inconformidades operativas por la delimitación de espacios físicos en actos públicos -los severamente criticados «corralitos»- ha derivado en un litigio legal de alto impacto que pone a debate las fronteras entre el control logístico, el ejercicio periodístico y el combate a las campañas de desinformación.
El malestar del gremio se incubó en el terreno cotidiano. Reporteros y fotógrafos de la entidad han señalado un patrón de restricciones que va desde el confinamiento a zonas alejadas en eventos oficiales hasta un filtrado estricto en las acreditaciones de prensa. A decir de comunicadores e instancias defensoras de derechos humanos, estas medidas obstaculizan el cuestionamiento directo (chacaleo) y privilegian un esquema de boletinaje unidireccional.
Frente a ello, la Coordinación de Comunicación Social, encabezada por Margarita Estrada Serrano, sostiene que la logística implementada responde estrictamente a protocolos de orden, protección civil y seguridad, descartando que exista una consigna institucional para censurar o marginar a voces independientes.
De la logística al juzgado: La judicialización del conflicto…
La brecha entre el gobierno estatal y un sector de la prensa local se profundizó sustancialmente con la intervención de Héctor Javier García Chávez, Jefe de la Oficina de la Gubernatura. Tras la viralización de contenidos digitales que lo vinculaban infundadamente con la delincuencia organizada, el funcionario decidió interponer denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra portales y administradores de páginas en redes sociales por difamación y daño a la imagen.
Este movimiento marcó un punto de inflexión. Mientras la autoridad argumenta que estas acciones buscan poner un alto a guerras sucias orquestadas con herramientas digitales, colectivos periodísticos advierten sobre el riesgo de utilizar el aparato punitivo del Estado para inhibir el escrutinio público y sentar un precedente de amedrentamiento.
En el centro del debate contrapuesto se ubican dos posturas claras…
Margarita Estrada Serrano enfatizó la necesidad de deslindar el ejercicio ético del periodismo de aquellas plataformas o perfiles que, bajo el velo de la comunicación, impulsan «campañas negras» o desinformación deliberada contra la administración estatal.
En tanto, diversas redes de periodistas reclaman garantías para realizar coberturas sin sesgos, acceso abierto a la información pública y el cese de acciones que estigmaticen el cuestionamiento crítico a los servidores públicos.
Un balance necesario…
El escenario en Morelos, al igual que en ámbito nacional, refleja la urgencia de reconstruir canales de diálogo efectivos. Si bien es indispensable combatir la desinformación en la era digital, la ruta no puede traducirse en el cierre de espacios para el cuestionamiento ciudadano ni en la judicialización sistemática de la labor informativa. La gobernabilidad y la salud democrática del estado requieren tanto de instituciones transparentes como de una prensa libre, rigurosa y garantizada en su ejercicio diario.
Lo acontecido en Morelos funciona como un microcosmos del debate nacional: una disputa abierta por ¿quién define la verdad pública?. Por un lado, las administraciones (estatal y federal) reclaman la facultad legal y política de defenderse de lo que consideran manipulación o difamación; por el otro, la prensa exige que las herramientas de Estado -ya sean discursivas, logísticas o judiciales- no sean utilizadas para condicionar la libertad de expresión ni limitar el escrutinio sobre la función pública. Pues si seguimos en el segundo piso de la Cuarta Transformación se debe decir y actuar en consonancia, que como lo mencionaba Andrés Manuel López Obrador, «lo publico debe ser cada vez más público». O sea que si no hay nada que temer como dijera el alcalde de Jojutla Alan Martínez García, es imperativo que sea la transparencia en los hechos y las acciones gubernamentales, la piedra del toque de todo régimen democrático, en lo federal o en lo estatal y aún en lo municipal. Claro que decididamente existen tendenciosas posturas a la hora de escribir y editorializar las diferentes informaciones, lo que se ha manifestado más crudamente desde que llegara al poder MORENA, y la Cuarta Transformación, pues hay incluso reporteros, analistas, comunicólogos que antes muy privilegiados hoy son amargados comentaristas y lanzan diatribas y «mueras» a quienes actualmente están en el poder, perdiendo así, gran parte la objetividad que en otros tiempos fue muy aplaudida.
