Edición 1087 Segunda Semana de Septiembre 2024
Cuautla, Mor.-Mientras que la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, nombraba a su próximo secretario de la Defensa Nacional, el General de División Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, y al próximo secretario de Marina que será el Almirante CG. DEM. Raymundo Pedro Morales Ángeles, y se abría la total circulación de la importante Avenida Reforma de Cuautla, se debatía con todo y aprobaba, la muy controvertida reforma al Poder Judicial en México, considerada el cambio más profundo a la judicatura de los últimos 30 años, ahora pasa a los Congresos de los Estados para hacerse realidad.
Aprobada en la Cámara de Diputados, por una mayoría calificada, hoy fue aprobada en el Senado, aunque no precisamente en su local acostumbrado, pues el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, tuvo que cambiar la sede con autorización del pleno y aseguró desde antes ya tener más de los votos, que estaban a un escaño de tener los dos tercios del Legislativo que necesitan para la aprobación. Reforma considerada fundamental del legado que deja Andrés Manuel López Obrador. Quién el primero de octubre termina su mandato y entregará la banda a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
Tres claves para entender cambios de la histórica reforma al Poder Judicial de México.
Lo más polémico y novedoso de la reforma es la elección por voto popular de casi dos mil jueces y magistrados, a partir del próximo año. Propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en listas de candidatos sobre las cuales vote la gente. Se plantea que la presidencia de la Suprema Corte se renueve cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección. Hoy los ministros de la Suprema Corte (como se conoce a los 11 juristas que la integran), eligen a su presidente. ellos a su vez son votados en el Senado y nominados con ternas por el presidente de la república. Pero el proyecto de ley hoy incluye disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros, además de reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema (de 11 a Nueve), y del Tribunal Electoral.
También contempla dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una segunda en 2027. Eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte y ajuste a remuneraciones al tope máximo establecido para el Presidente, son otras de las medidas que forman parte del proyecto.
Por otro lado, se crea un Consejo Disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Corte, que estaría a cargo de temas relacionados con la carrera judicial y el control interno, así como de elaborar el presupuesto y poder sancionar a los jueces que hagan mal su trabajo, pues hoy a los jueces, corruptos, el Consejo de la Judicatura solo los despide y envía a su casa.
El nuevo Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas designadas para un período de seis años. Uno de ellos es nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado, y los tres restantes, por la Suprema Corte.
Se trata de una reforma al Poder Judicial federal, y luego vendría a todo el sistema de justicia, dado que hoy no afecta a los sistemas locales, ni a las fiscalías, que llevan el grueso (80%, según datos oficiales) de los procesos en México.
Quienes se oponen a la enmienda sostienen que la elección de jueces por voto directo en las urnas «politizará» la justicia. Es decir, que en vez de aumentar la independencia y transparencia de los jueces, la reforma favorecerá una selección política de los candidatos, dejando de lado las habilidades profesionales y los ascensos por mérito, lo que han desmentido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, estudiosos adeptos de MORENA, diputados federales y senadores.
También hay temor de que la reforma abra la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas o saque ventaja de los jueces con menos experiencia (aunque eso, de muchas maneras, ya ocurre). Por carta al Congreso, jueces y magistrados advirtieron que la reforma judicial no se apega a las normas del tratado comercial entre México, EEUU y Canadá (T-MEC) en aspectos como el compromiso de establecer y mantener «tribunales independientes para la resolución de controversias laborales». A la polémica interna se sumó la advertencia de la embajada de Estados Unidos en México, que calificó la propuesta como un «riesgo mayor» para la democracia, agregando que podría amenazar el acuerdo comercial entre los tres países, el cual debe ser revisado en 2026. La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados pidió reconsiderar el proyecto para salvaguardar la «independencia judicial». Human Rights Watch, dijo que la propuesta, socava «la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas». Inversores dijeron que les preocupa que el próximo gobierno cuente con todas las herramientas para sacar adelante leyes que perjudiquen al sector empresarial, restarle seguridad jurídica a las inversiones a largo plazo o aumentar la percepción de riesgo. Pero todo ello fue desmentido tanto por el presidente AMLO, como por la presidente entrante que recalcaron que no hay tales y que muy por el contrario, se trata de dejar atrás a un poder que ya se pudrió y es insostenible como esta hoy, carcomido por intereses delincuenciales del crimen organizado y de «cuello blanco», corrupción e impunidad total e intereses mezquinos de las oligarquías hasta antes del 2018, que se instituyeron como los únicos dueños del país México.
Sus partidarios, aseguran que la transformación del Poder Judicial es una manera de garantizar que Sheinbaum gobierne sin los obstáculos jurídicos que enfrentó AMLO para sacar adelante su agenda «humanista». El mandatario de México, insistió en varias ocasiones que los tribunales se transformaron en una trinchera de la oposición al servicio de los más poderosos.
