Cuernavaca, Mor.-A través de la Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Martha Melissa Montes de Oca Montoya, el Congreso del Estado de Morelos entregó la Presea Xochiquetzalli 2025 a Andrea Acevedo García y Ariadna Isabel Urbina Ayala, por su activa participación en la vida pública de la entidad para lograr una sociedad más igualitaria, por el combate a la violencia contra las mujeres y la reparación a las víctimas.
En el evento se dio lectura a los decretos que dan origen a la presea, así como al acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género, respecto de los méritos considerados para otorgar este galardón, que distingue a las mujeres que impulsan la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Morelos y consiste en una medalla de plata Ley .925 y un incentivo económico y se entrega en el marco del 72 Aniversario del Pleno Reconocimiento de los Derechos Políticos de las Mujeres en México. En su mensaje, la diputada Melissa Montes de Oca resaltó que hoy celebramos y reconocemos a mujeres cuya labor ha marcado una huella profunda en la defensa y promoción de los derechos políticos electorales de las mujeres en Morelos; indicó que desde el órgano legislativo a su cargo, asumen este acto con un compromiso institucional de promover políticas y legislar a favor de los derechos que fortalecen mecanismos que protegen a las mujeres y garantizan condiciones para su plena participación política en todos los niveles y ámbitos del gobierno en México. A 72 años de que México dio un paso histórico al reconocer el derecho al voto de las mujeres “debemos ser claras, la igualdad formal no es suficiente si no se garantiza una participación política libre de violencia y sin agresores en el poder, la democracia no puede sostenerse sobre estructuras que toleran la discriminación o la impunidad frente a quienes violentan a las mujeres”.
En ese contexto, anunció que presentará ante el Pleno del Congreso la iniciativa de reforma a distintas leyes para garantizar en Morelos la aplicación de la denominada Tres de Tres contra la violencia, que significa garantizar en la administración pública del estado, en los organismos autónomos y en los 36 municipios, que ningún deudor de pensión alimenticia, “ningún agresor sexual y nadie que agreda a las mujeres, niñas y niños, esté en espacios de poder públicos o privados y mucho menos que formen parte de la vida pública e institucional en nuestro estado”.
