Cuautla, Mor.- Entraron en tremenda crisis tanto el legislativo del Congreso del Estado con el gobierno del estado en manos de Cuauhtémoc Blanco Bravo por la ampliación de presupuesto, pues mientras un grupo que va con el gobernador, limita su petición a 400 millones de pesos para la cámara, el otro grupo de diputados quiere 450 millones y hasta la renuncia del presidente Alfonso (ponchito) y la diputada Rosalina, ya fue solicitada.

Un grupo de diputados, liderados por José Casas González, pidió la renuncia del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, así como de Rosalina Mazari, de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por omisiones y “torpezas” en torno a la transparencia de la ampliación del Paquete Económico que solicitó al gobierno estatal, la nula comunicación con el resto de los legisladores y denunció total hermetismo legislativo y grave parálisis al interior del Congreso, ya que siguen sin desahogar puntos pendientes: las pensiones vitalicias irregulares, el análisis de las bases sindicales a personal allegado a los ex representantes populares, la reivindicación de los fideicomisos FITUR y FIDECOMP, así como el reconocimiento constitucional hacia los pueblos indígenas.

Pero si se pensaba que el conflicto por los dineros solo era en Morelos, en la discusión de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Congreso de la Unión, legisladores de PAN y PRD anunciaron que promoverán acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, por considerar que la figura de superdelegado atenta contra el federalismo y convierte a los gobernadores en figuras decorativas.

Allí, el morenista Félix Salgado Macedonio recordó que nunca en la historia del país se ha dado la desaparición de poderes en algún estado; sin embargo ahora se podría aplicar, dijo que estarán “muy atentos”, pues “el asunto de los superdelegados que tanto traen, es que se les va a acabar el negocio a muchos que ponen a sus amigos y familiares en dependencias federales”.

Las declaraciones las hizo después de que gobernadores panistas llamaron a López Obrador a respetar el federalismo. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y 12 mandatarios estatales firmaron una carta dirigida al próximo Presidente en la que le expresaron su voluntad de sumarse a su plan de seguridad, siempre y cuando se respete el federalismo y las facultades de los estados, pero rechazó que se trate de una rebelión.
La molestia alcanzó al gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, quien sostuvo que los únicos responsables de la seguridad en Jalisco serán los alcaldes y el gobernador.

“Es que las comisiones que ganaban los diputados por la gestión de recursos se terminarán durante el gobierno de López Obrador”, aseguró la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.
“Cada quien saca de su boca lo que tiene en la cabeza, lo que dices es lo que eres y no hay diferencia. No puede uno esperar que Alfaro hable como un intelectual, creo que el problema es que no ha entendido bien de qué se trata”, sostuvo la dirigente, quien consideró que está confundido y que su reclamo carece de sustento.

Después, Enrique Alfaro recordó que delante de los gobernadores de la Conago López Obrador dejó claro que los superdelegados no tendrían funciones en materia de seguridad, contrario con lo propuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fue aprobada en el Senado. Al respecto, Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, dijo que la siguiente administración respetará el estado de derecho y no se dañará a los poderes locales, como amenazó el senador Salgado Macedonio.

Edición 857 Cuarta Semana de Noviembre 2018.